Mauricio Macri

Feb 25, 2016

Tandil, 8 de febrero de 1959. Ingeniero civil, político, ejecutivo, empresario y dirigente deportivo argentino, que asumió el cargo de presidente de la Nación Argentina el 10 de diciembre de 2015. Previamente había sido diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2005 y 2007 y jefe de gobierno de ese mismo distrito por dos períodos (2007-2011; 2011-2015).

Se recibió como ingeniero civil de la Universidad Católica Argentina en 1984, trabajando en varias empresas del país como Citibank, Sevel y el propio Grupo Macri y fue presidente del Club Atlético Boca Juniors entre 1995 y 2008. Con una considerable posición accionaria, ejerció cargos directivos en el Grupo Macri, creado por su padre Franco Macri.

En 2003 fue uno de los fundadores del Frente Compromiso para el Cambio, integrado por el Partido Justicialista porteño, el Partido Demócrata Progresista y Acción por la República, entre otros partidos menores. En 2005 fue uno de los fundadores del partido Compromiso para el Cambio (CPC) que en 2008 cambio su nombre por Propuesta Republicana (PRO). Impulsó la conformación de varios frentes electorales, entre ellos Propuesta Republicana en 2005, Unión-PRO en 2007 y Cambiemos, con esta última alianza alcanzó la presidencia en el balotaje de noviembre de 2015.

Mauricio Macri nació en un hogar de clase alta, estando sus padres instalados en Tandil. Su padre, Francesco Macri, embarcó de Italia a Argentina siendo adolescente y comenzó a trabajar de albañil, ascendiendo a cargos más importantes; y si bien, cerró con la secundaria en Buenos Aires, no terminó con sus estudios universitarios y prosiguió con varios proyectos de construcción privados hasta ser uno de los empresarios más destacados del país en este y otros rubros. Su padre, y abuelo de Mauricio, Giorgio Macri, también había liderado varios grupos de trabajo de obra en Italia y el África; y tuvo una austera participación en partidos políticos menores.

Mauricio Macri cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Cardenal Newman. Asimismo, también fue alumno de la Universidad de Columbia en Nueva York, la Universidad de Pensilvania de Filadelfia y cursó brevemente en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina después culminar sus estudios en la Universidad Católica Argentina, donde se recibió de ingeniero civil.

Su experiencia laboral se inició en la empresa Sideco Americana S. A., especializada en obras civiles, desempeñándose durante tres años como analista junior y posteriormente como analista senior. En 1983 fundó junto con su amigo Nicolás Caputo la empresa Mirgor S.A., de la cual Macri se retiró en 1994.

En 1984 cumplió tareas en el departamento de crédito del banco Citibank de Buenos Aires. En el mismo año se incorporó a Socma, compañía de su padre que sintetiza la acción empresaria de las sociedades del Grupo Macri y desde 1985 en adelante se desempeñó como su gerente general.

Después pilotó la expansión del Grupo hasta Venezuela y Colombia, y en 1985 asumió como gerente general de Socma Inversora. Dos años más tarde, ya era vicepresidente ejecutivo de Sideco y al poco tiempo, presidente de Sideco Stone y de Vipcom, y vice de Perfomar SA y de Fernando Marín Producciones Publicitarias SA.

En 1991 fue secuestrado y durante doce días permaneció en cautiverio hasta que fue liberado tras el pago de seis millones de dólares. Los secuestradores fueron posteriormente apresados comprobándose que en su mayoría pertenecían a la Policía Federal, por lo que se le llamó «la Banda de los Comisarios». Fueron condenados a penas de entre diez años y prisión perpetua.

En 1992 ocupó la vicepresidencia en Sevel, empresa automotriz, haciéndose cargo de la presidencia en 1994. Al día siguiente de expresar su intención de lanzarse a la política, fue procesado por contrabando agravado en una causa relacionada con su padre Franco Macri por el juez Carlos Liporace, acusado de una maniobra en la que las empresas del grupo presuntamente estafaban al Estado argentino exportando a Uruguay autopartes y volviéndolas a importar.

La empresa insistió en que todas las operaciones fueron realizadas con conocimiento de la aduana y autorizadas por ella, previa consulta12 y finalmente recayó sentencia firme absolutoria de los cargos.

Si bien Macri era ya conocido por su actividad empresaria, adquirió notoriedad pública al presidir el Club Atlético Boca Juniors desde 1995 hasta 2007.

Luego de su paso por el Club Atlético Boca Juniors, Macri fue elegido diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el año 2005 y luego jefe de Gobierno del mismo distrito en el año 2007, siendo reelegido para ocupar el mismo cargo en julio de 2011.

Familia
Es el mayor de seis hermanos, y es hijo de Alicia Blanco Villegas y del empresario italiano Francesco «Franco» Macri, inmigrante romano, nacionalizado argentino y exlíder del Grupo Macri-SOCMA, uno de los más importantes grupos económicos de Argentina, que ha desarrollado actividades en el automotores (Sevel), construcción (Sideco), residuos (Manliba), correo (Correo Argentino), comunicación (Movicom), servicios (Pago Fácil), minería, etc.

Contrajo matrimonio tres veces. Se casó en primeras nupcias con Ivonne Bordeu, con quien tuvo tres hijos: Agustina, Gimena y Francisco. Tras divorciarse se casó en con la modelo Isabel Menditeguy en 1994, divorciándose en 2005. En 2010 se casó con la empresaria Juliana Awada, actual primera dama de Argentina, con quien tuvo una hija, Antonia Macri.

Patrimonio
En septiembre de 2015 Macri declaró bajo juramento tener un patrimonio de 52 millones de pesos, con un crecimiento en el año anterior del 26%. De ese monto,9 millones de pesos se encontraban depositados en dólares fuera de Argentina.16 Macri declara también haberle prestado $18,5 millones de pesos a su amigo, exsocio, empresario de la construcción y vicepresidente del PRO Nicolás Caputo, hecho criticado y calificado de sospechoso por la prensa.

Macri declaró también tener acciones en doce sociedades anónimas (Socma Cárnicos S.A., Molina Arrocero Río Guayquiraro S.A., E Costa S.A., Inmobiliaria Litoreña, Flour American Group, Meat American Group, 4 leguas S.A., Socma Farináceos S.A., María Amina S.A., Socma Corp S.A., Agropecuaria del Guayquiraro S.A., Yacylac S.A.). Con respecto al valor de sus acciones Macri declaró ante el Estado nacional que las mismas tenían un valor de un centavo, debido a que no tenían cotización en el país, en tanto que declaró ante el Gobierno de Buenos Aires que las mismas valían 27 millones de pesos La declaración jurada ante el Estado nacional fue presentada con una semana de demora.

Vicepresidencia y presidencia de Sevel
En 1992 fue designado vicepresidente y en 1994 presidente de la Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica (Sevel Argentina), una empresa automotriz en la que el Grupo Macri se encontraba asociada con la empresa Fiat de Italia. El 1 de enero de 1996 Sevel fue disuelta por razones sobre las que hay diferentes suposiciones.

En 1997 la Aduana denunció a la empresa SEVEL ante la justicia penal atribuyéndole haber cometido el delito de contrabando.

En 1999 el juez Guillermo Tiscornia procesó a su padre Franco Macri, quien también había presidido la firma, y le dictó falta de mérito a Mauricio Macri. En febrero de 2001, el juez Carlos Liporace revocó la falta de mérito sobre Mauricio Macri y dispuso su procesamiento, acusándolo de exportar autopartes a Uruguay y cobrar reembolsos para importarlas como autos armados.

La empresa sostuvo que todas las operaciones fueron realizadas con conocimiento de la Aduana y autorizadas por ella, previa consulta. Mauricio Macri negó haber cometido delitos y acusó a los jueces de conspirar en su contra debido a que el día anterior había hecho pública su intención de dedicarse a la política partidaria.

Me parece una decisión poco feliz que lleguen a procesarme por esto. Lo único que hice fue seguir los pasos que me dijo la Aduana. Si alguien fija las reglas y las cumplís, no veo por qué estoy involucrado… En este país no van presos ni drogadictos ni delincuentes y se la agarran con uno. No quiero pensar en un supuesto complot contra mi figura o la de mi padre, aunque en la Argentina estamos muy acostumbrados a estas cosas.

Franco y Mauricio Macri fueron finalmente sobreseídos luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia dictado el 8 de agosto de 2002 (causa nº 2646), que generó fuertes polémicas. En ese momento la Corte tenía una composición establecida durante la presidencia de Carlos Menem denominada por la prensa como de «mayoría automática», integrada por cinco jueces: Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez. Precisamente esos cinco jueces fueron los que votaron para que quedara firme del sobreseimiento de Macri. En sentido contrario votaron Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Augusto Belluscio, para que se anulara el sobreseimiento de Mauricio Macri y su padre y continuara el proceso.

En 2003 el Congreso de la Nación enjuició a los ministros de la Corte Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor y los destituyó por haber obstruido «el proceso legal respecto de la tarea de investigación por presunto contrabando, llevada a cabo por el juez federal de Concepción del Uruguay en los autos ‘Macri, Mauricio y Martínez, Raúl s/ presunto contrabando'».

Presidencia de Boca Juniors
El 13 de diciembre de 1995 Mauricio Macri fue elegido presidente de Boca Juniors por 4415 votos a favor sobre los 2643 a Antonio Alegre, expresidente de Boca. Una de las primeras medidas de Macri al frente de Boca fue llegar a un acuerdo con el Club Social y Deportivo Parque, que en esos momentos dependía de Argentinos Juniors, por lo cual solventaron los gastos y este a su vez proveyó de jugadores nuevos a las inferiores de Boca. Por estas inferiores pasaron Carlos Tévez, Juan Román Riquelme, Nicolás Gaitán y Lucas Viatri entre otros.

En 1996, Macri inauguró el estadio Luis Conde, perteneciente a las divisiones de básquet y vóley de Boca Juniors, con capacidad para 2 mil personas, y remodeló el estadio de La Bombonera y al año siguiente creo un fondo de inversiones para la compra de jugadores en la que cuya utilidad se dividiria en un 50% para Boca Juniors y otro 50% para los inversores, puso 20 millones de dólares para este fondo y lmitó el funcionamiento del mismo al periodo de su gestión en el club.

Mauricio Macri contrató más adelante a Jorge Griffa, quien compró un importante grupo de juveniles de Argentinos Juniors, incluido Riquelme, así como 11 jugadores de los 25 integrantes del plantel campeón de la Copa Libertadores 2000, surgidos de esta cantera

Ganó Macri en 1999 nuevamente las elecciones a presidente del club, logrando ser reelegido con el 84% de los votos En el 2003 fue nuevamente reelecto en el cargo hasta 2007. El exdirigente de Boca Juniors Roberto Digón aseguró en 2004 que Macri «debe dejar la presidencia por irregularidades comprobadas por la Inspección General de Justicia en su mandato; se cree que con plata puede comprar todo». Luego fue denunciado por el delantero Marcelo Delgado de aprovechar su gestión para los «negocios personales». Macri se negó a declarar ante estas denuncias.

En 2007, recibió denuncias más serias, ya ligadas al ámbito político, por la diputada (y su actual aliada de coalición) Elisa Carrió, sobre casos de corrupción por conexiones ilegales entre el fútbol, la política, y la violencia barrabrava:

La sociedad puede pedirme que nos juntemos. Lo que no me pueden pedir es que nos juntemos con corruptos. Los barrabravas acompañan a los grandes políticos, y lo dice el presidente del club de fútbol mayor de la Argentina. Negocio, política, violencia… está todo mezclado y también está determinada una forma de carrera política. En un tiempo, ser militar era una forma de acceder a la Presidencia. Ahora, una forma de acceder es ser presidente de un club de fútbol, y esto marca la ligazón entre política y dinero.

Elisa Carrió, 2007
El 27 de febrero de 2008, Macri reasumió temporalmente la presidencia de Boca, debido a un fallo de la Inspección General de Justicia que anuló las elecciones internas del club y ordenó que reasumiesen a los cargos las autoridades anteriores, incluso Macri. La decisión de Macri de volver a asumir un eventual cuarto período siendo ya al mismo tiempo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue criticada por varios referentes de la oposición, defendiendo el artículo 98 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que no permite a los jefes de gobierno el ejercicio de otros cargos simultáneos; pero Macri se justificó diciendo que era una orden del juez que debía obedecer. En 2015, con motivo de su elección a presidente de Argentina, Macri fue declarado socio honorario del club.

Balance futbolístico de la gestión
Durante su gestión al frente de Boca Juniors, el equipo xeneize obtuvo 17 títulos (consiguiendo 11 títulos internacionales en un lapso de 8 años) lo cual lo consagró como el presidente de la institución que más títulos futbolísticos ha obtenido, desplazando al histórico Alberto J. Armando al segundo lugar, con doce títulos totales. Boca fue reconocido como el mejor equipo de América del Sur de la década de 2000, por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.

Inicios en política
Partido Justicialista: Aunque su ingreso a la política fue posterior a su paso por la presidencia de Boca Juniors, durante los 90s Mauricio Macri se destacaba como empresario del holding familiar, beneficiado con negocios en distintos rubros por el presidente Carlos Menem, entre ellos el Correo Argentino.38 Macri contó en el 2015 —sin demasiadas precisiones— que en 1997 Menem les había ofrecido a él y a Daniel Scioli ser candidatos del Partido Justicialista y que él no aceptó ese ofrecimiento. En el libro Robo para la corona, Horacio Verbitsky cuenta que el sindicalista Hugo Barrionuevo precisó que en 1989, el Grupo Macri había aportado a la campaña electoral de Carlos Menem 600 000 dólares y una docena de autos Fiat.

Durante el año 2000 circularon insistentes rumores de que Mauricio Macri integraría la lista de diputados del Partido Justicialista en la provincia de Misiones, donde él tenía registrado su domicilio, y mantenía relaciones estrechas con Ramón Puerta.

El 21 de febrero de 2001 Mauricio Macri anunció que se dedicaría a la política. Macri había recibido a fines del año 2000 una oferta del Partido Justicialista, presidido en ese momento por Carlos Menem, para ser candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas de Argentina de 2001.

El periodista Ricardo Río del diario Clarín informaba por entonces:
La especulación dice que Franco, padre de Mauricio y jefe del clan Macri, no lo ve a su hijo con potencial para «descollar en política» y que en ese terreno «la recompensa no valdrá el esfuerzo». La contracara de Franco sería Jorge Aguado, vicepresidente de SOCMA, la empresa de los Macri: «Es el que más lo alienta a Mauricio para que se haga político», completan los voceros… En el mapa del justicialismo, Macri, que suele autodefinirse como «conservador y pragmático tirando a la centroderecha» y que admite su preferencia por el «electorado bonaerense», sintoniza muy bien con varios apellidos ilustres del menemismo. Tampoco le faltan contactos con la dirigencia sindical dialoguista. El gastronómico y presidente de Chacarita, Luis Barrionuevo y el jefe de la Sanidad, Carlos West Ocampo, por mencionar algunos, dialogan regularmente con Macri. Otro sindicalista que por razones obvias llega al empresario sin intermediarios es el tabacalero Roberto Digón, a la sazón vicepresidente segundo de Boca.

Ricardo Río, Clarín, 02/01/2001
Sin embargo, el 22 de febrero Macri fue penalmente procesado por el juez Carlos Liporace por presunto contrabando agravado cuando era vicepresidente de Sevel. Al año siguiente, la Corte Suprema firmó su sobreseimiento en un fallo por el que luego dos ministros de la Corte fueron removidos de sus cargos.

Macri ha declarado que se desvinculó del justicialismo tras la crisis de diciembre de 2001 en Argentina: «arranqué de cero, creando un partido de cero», sentenció. Sin embargo al año siguiente el Partido Justicialista decidió apoyar a Macri como candidato a jefe de Gobierno en la Capital Federal, razón por la cual fue el principal partido del Frente Compromiso para el Cambio.

Frente Compromiso para el Cambio
En junio de 2003 se creó el Frente Compromiso para el Cambio, alianza integrada por los partidos Justicialista, Federal, Autonomista, Demócrata, Acción por la República y Demócrata Progresista, que sostuvo la candidatura de Mauricio Macri para jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Macri integró la fórmula junto a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a vicejefe de Gobierno. El Frente obtuvo la primera minoría, alcanzando el 37,55% de los votos, mientras que la fórmula oficialista integrada por el entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra y Jorge Telerman obtuvo el 33,54%. Como para acceder al cargo se necesita la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, la elección se decidió en una segunda vuelta entre Macri e Ibarra, ganando este último con un 53,48% y obteniendo la reelección, frente al 46,52% obtenido por Macri.

Compromiso para el Cambio (partido) y Propuesta Republicana (alianza)

En junio de 2005 Macri y el excandidato a presidente Ricardo López Murphy, líder del partido Recrear para el Crecimiento, realizaron un acuerdo político para formar una alianza electoral de alcance nacional. Ambos decidieron entonces contratar a un publicista (Ernesto Savaglio) para que creara un nombre, una sigla y un logo para la alianza.

El 5 de agosto de 2005 el macrismo se organizó finalmente como partido político al ser reconocido el partido Compromiso para el Cambio, siendo elegido presidente del mismo Mauricio Macri.

Pocos días después, el 23 de agosto Macri y López Murphy dieron a conocer el nombre de la alianza: Propuesta Republicana. Savaglio había creado también el apócope «Pro», para denominar a la coalición, así como un logo que incluía un triángulo a modo de flecha orientado hacia la derecha. Ese mismo día la alianza Propuesta Republicana fue registrada en dos distritos, Capital Federal y provincia de Buenos Aires, integrada por integrada por el Frente Federal Justicia y Libertad (Frejuli), el Partido Demócrata Progresista (PDP), el partido Recrear para el Crecimiento, el partido Compromiso para el Cambio, el partido Acción por la República, el partido Voluntad para la Integración y el Desarrollo Auténtico. La alianza se inscribió también con ese nombre en Entre Ríos y apoyó en Mendoza al Partido Demócrata provincial.

En las elecciones legislativas de 2005 la alianza Pro obtuvo nueve diputados nacionales en total, seis en la Capital Federal donde salió primera con 34% y tres en la provincia de Buenos Aires, donde salió quinta con 7%.

Luego de las elecciones presidenciales de 2007 la alianza PRO que sostenía la relación Macri-López Murphy se debilitaría, al punto que al año siguiente el partido Recrear desplazaría a López Murphy para decidir su ingreso a Compromiso para el Cambio, al tiempo que este partido decidía cambiar de nombre y adoptar la denominación de Propuesta Republicana (PRO).

Diputado nacional
Se presentó como candidato a diputado nacional en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2005, compitiendo contra Elisa Carrió y Rafael Bielsa. En esta elección Macri obtuvo el 33,9 % de los votos, mientras que Elisa Carrió obtuvo el 21,9 % y Rafael Bielsa el 20,3 %. Durante el año 2006, alternó su actividad como diputado en el Congreso Nacional con la presidencia de Boca Juniors.

Fue criticado por su poca asistencia a las votaciones en la Cámara de Diputados; en 2006, concurrió a 32 de las 51 sesiones y solo estuvo en 36 de las 280 votaciones; y en 2007 se encontró ausente en todas las sesiones y votaciones  lo que fue criticado por la oposición. En su defensa, Mauricio Macri sostuvo que el Congreso «es un sitio en el que no se debaten ideas, las leyes son paquetes cerrados que envía el oficialismo y los legisladores son solo “levantamanos”».

Jefe de gobierno porteño
En la gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires se destacó la reparación de escuelas que se encontraban en emergencia edilicia al comenzar su gestión, el aliviador del Maldonado el mantenimiento y enrejamiento de una de cada tres plazas.

En materia de salud se destaca la inversión tecnológica en salud pública, la creación de la Policía Metropolitana de Buenos Aires, para combatir la inseguridad. Las mayores críticas de su gestión quedaron fundadas en el crecimiento de la deuda pública.

En 2007 el diputado Mauricio Macri aspiraba a ser candidato presidencial en un espacio que compartiría con el entonces gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sobisch, pero nunca se concretó ya que se postuló nuevamente para Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El 3 de junio de 2007 se celebró la primera vuelta de las elecciones a jefe de gobierno porteño. En ella, la fórmula Mauricio Macri-Gabriela Michetti superó el 45,6% de los votos, seguida por la lista Daniel Filmus-Carlos Heller (23,7%), del Frente para la Victoria. En tercer lugar se ubicaron el entonces jefe de gobierno, Jorge Telerman y su compañero de fórmula Enrique Olivera (20,7%). Tres semanas más tarde, el 24 de junio, se celebró una segunda vuelta electoral entre las dos fórmulas más votadas y Macri se impuso con un 60,9% de los votos, contra 39,04% de Filmus.

Primer mandato
Juró junto a su vicejefa Gabriela Michetti, el 9 de diciembre de 2007, asumiendo formalmente un día después.
Entre sus primeras obras de gobierno, se destacan la remodelación y restauración del Planetario Galileo Galilei69 y del Teatro Colón70 y su reapertura para el Bicentenario de Argentina. En diciembre de 2007, se sancionó la Ley de Emergencia Edilicia para los establecimientos, con 43 votos a favor y 2 en contra, destinándose la mitad del presupuesto total de la Dirección de Infraestructura escolar. Desde principios de 2008, el gobierno de la ciudad comenzó a implementar un plan de recuperación del espacio público. Dicho plan consistió en la reparación de aquellas calles que se encontraban dañadas, las cuales fueron repavimentadas en algunos casos. En otros, se procedió a iniciar un proceso de reparación de los baches.

En materia educativa, en 2009 se implementó el inglés desde primer grado obligatorio en todas las escuelas primarias y en 2010 el Plan Integral de Educación Digital con una netbook por alumno y acceso gratuito inalámbrico a Internet.

Con su sueldo de jefe de gobierno porteño, Macri aceptó cobrar lo «mínimo posible» y donar lo sobrado. Hacia fines de 2009, Macri estuvo envuelto en el centro de la denuncia por el presunto espionaje a ciudadanos porteños. El 3 de octubre de 2009 Página/12 publicó que Sergio Burstein, integrante de Familiares de la AMIA, estaba siendo espiado. La investigación recayó en el fiscal a cargo del atentado a la AMIA Alberto Nisman quien reveló una amplia trama de espionajes a ciudadanos en la que estaban involucrados funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y pidió el procesamiento sucesivo del primer jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires Jorge el Fino Palacios, el ministro de Educación de la Ciudad Mariano Narodowski, el agente de inteligencia Ciro James y finalmente de Mauricio Macri, el 14 de mayo de 2010. También fue procesado el segundo jefe de la Policía Metropolitana Osvaldo Chamorro, en la causa conexa que investigó el espionaje a legisladores de la oposición. Macri fue muy criticó con el fiscal Nisman. Finalmente el 18 de julio de 2014 la Cámara Federal decidió abrir el juicio oral contra Palacios, Narodowski y Ciro James, excluyendo del mismo a Mauricio Macri, por falta de pruebas. El 29 de diciembre de 2015 el juez de primera instancia resolvió sobreseer a Mauricio Macri de la misma. En sus fundamentos el juez consideró que «las pruebas…no arrojaron ninguna incriminación contra Macri en las escuchas (ni) siquiera una prueba directa» que acreditara que Macri había ordenado escuchar a su ex cuñado ni al opositor Sergio Burstein ni para «adjudicarle formar parte de una asociación ilícita dedicada al espionaje clandestino». Por su parte las dos partes querellantes cuestionaron el sobreseimiento, sosteniendo en un caso que el Poder Judicial «se arrodilló» y en el otro que se trató de «un regalo de fin de año». El juicio oral contra los funcionarios de su gobierno quedó en estado de iniciarse a mediados de 2014 y aún no se había iniciado en diciembre de 2015.

En julio de 2010, el Gobierno Nacional consiguió cerrar varios acuerdos en el rubro ferroviario con China que le significarán la renovación de cientos de vagones para las líneas de subte porteñas. Para el bicentenario de la revolución de Mayo, Macri fue anfitrión de varias de las celebraciones, con recitales de rock, tango, música latina; desfiles militares y civiles; encuentros deportivos y el megashow del 25 de mayo, entre otros.

Se ha presentado en la legislatura porteña un informe que explica que el Jefe de Gobierno porteño de un total de 3225 leyes ha dejado sin reglamentar, conforme la manda constitucional (art. 102 CCABA) el 12% de ese total al 15 de agosto de 2010. En mayo de 2011 se puso en marcha por primera vez el sistema de obtención de turnos en diversos hospitales públicos, que elimina las colas para obtención de turnos en forma personal.

Segundo mandato
En 2010, Macri volvió a expresar sus intenciones de ser candidato presidencial; y, si bien ratificó las mismas hasta bien entrado 2011, desistió en mayo de ese mismo año para competir por su reelección como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En 2011 Macri se presentó a la reelección para jefe de gobierno (con María Eugenia Vidal para vicejefa) y obtuvo en primera vuelta el 47% de los votos, frente al 28% de Daniel Filmus y el 13% de Fernando Solanas pero no alcanzó para la elección directa, por lo que tuvo que dirimirse la elección en balotaje, en el que obtuvo el 64,3% frente al 35,75% del candidato kirchnerista Daniel Filmus.

Entre el 31 de diciembre de 2009 y el 25 de noviembre de 2011 se finalizaron las obras en el Arroyo Maldonado, evitando que la ciudad se vuelva a inundar.

En el 2012, Macri vetó la realización del Congreso Pedagógico 2012 que hubiera propiciado el debate sobre el futuro de la educación escolar porteña. Más adelante, miles de estudiantes tomaron colegios. con una escasa protección policial. Hacia fines de 2013, el gobierno porteño llevaba invertidos más de 100 millones de pesos en equipamiento, incorporándose 700 equipos médicos al sistema público de salud, entre los que se destacan, además de los tomógrafos, 12 torres de video para gastroendoscopias, 31 equipos de rayos, 2 equipos de hemodinamia, 8 sistemas de digitalización de imágenes y 44 ecógrafos.

En noviembre de 2014, el juez Eugenio Zaffaroni presentó un informe que concluye que aumentaron levemente los homicidios dolosos en la ciudad de Buenos Aires, de 158 en 2012 a 176 en 2013, si bien explico que «no se observan picos, en la ciudad estamos en una especie de meseta» con respecto al índice.

Durante la última etapa del gobierno de Mauricio Macri, se sancionó la utilización de la Boleta Única Electrónica, a partir de julio de 2015.

En 2015 se produjo un escándalo cuando legisladores opositores realizaron una denuncia por contrataciones directas del Gobierno de Mauricio Macri por 20 millones de pesos a favor de una firma relacionada con su amigo personal y candidato de su partido, Fernando Niembro.100 Luego de presentar los papeles ante la justicia, aludiendo que la mayor parte del dinero mencionado era por segundos de publicidad y que la productora (La Usina) había ganado en compulsas de precios sin ser favorecida, Fernando Niembro renunció a su candidatura como diputado para que se lo investigue correctamente.

Presidencia de Argentina
Presidencia de Mauricio Macri
Candidato a la presidencia en 2015
Elecciones presidenciales de Argentina de 2015
En marzo de 2015 el PRO se unió a la Unión Cívica Radical y a la Coalición Cívica ARI con el objetivo de constituir una alianza para las elecciones de dicho año. En junio fue presentado el frente «Cambiemos». Para las primarias, la fórmula Mauricio Macri-Gabriela Michetti compitió con Ernesto Sanz y Elisa Carrió. Macri ganó la candidatura. La elección presidencial se desarrolló el 25 de octubre dejando al candidato oficialista Daniel Scioli en primer lugar con el 36,86% de votos a favor y a Macri en segundo con el 34,33%, desembocando ambos a segunda vuelta.

En el primer ballotage de la historia argentina, realizado el 22 de noviembre, el macrismo triunfó sobre Scioli (quien obtuvo el 48,66%), obteniendo 12.903.301 votos, que equivalieron al 51,34% de los votos positivos emitidos.103 Macri obtuvo 8,6 millones de votos (34%) en la primera vuelta y 12,98 millones de votos en la segunda vuelta (51,34%).104

Período de transición y asunción
El 24 de noviembre Cristina Kirchner y Mauricio Macri acordaron el protocolo de traspaso del mando a realizarse el 10 de diciembre en el Congreso de la Nación. Con posterioridad Macri cambió de opinión y consideró que el juramento debía hacerse en el Congreso Nacional, pero luego del juramento ambos debían trasladarse a la Casa Rosada para que allí Cristina Kirchner le hiciera entrega de la banda y el bastón, argumentando que esa era la tradición anterior a 2001. Las razones de fondo del cambio de opinión por parte de Macri han dado lugar a especulaciones periodísticas, así como también las supuestas intenciones de ambos de humillar al otro o a la otra. Por su parte Cristina insistió que debía realizarse según lo acordado entre ambos el 24 de noviembre, como lo que establece el artículo 93 de la Constitución Nacional o -como alternativa-, luego de la jura y una vez que Mauricio Macri asumiera como presidente, podía establecer a su criterio el lugar y la persona que le entregaran la banda y el bastón.

Mientras se estaban realizando las negociaciones, el 8 de diciembre Macri realizó una presentación judicial solicitando que se estableciera que el mandato de la presidenta Cristina Kirchner finalizaría el 9 de diciembre a la medianoche. La presentación del reclamo judicial interrumpió definitivamente las negociaciones.

Conocida la decisión del fiscal de hacer lugar al reclamo de Macri, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli cuestionó por irregular la decisión judicial por acortar el mandato constitucional de Cristina Kirchner, dejar al país sin presidente titular y obligar a poner en funcionamiento la ley de acefalía, sosteniendo ante una afirmación de un periodista que «si hay acefalia como usted dice eso para mí es un golpe». Parrilli anunció que debido a que la justicia había establecido que el mandato presidencial de Cristina Kirchner había finalizado el día anterior al acto de toma de posesión del mando por parte del nuevo presidente, no correspondía legalmente que se hiciera presente en el Congreso Nacional.

Al día siguiente la jueza María Servini de Cubría dictó una acción declarativa de certeza y estableció que los mandatos presidenciales comienzan a la cero horas del día de asunción y finalizan cuatro años después a la medianoche del día ordinal anterior, ordenando a la presidenta Cristina Kirchner cesar su mandato a la medianoche del 9 de diciembre, doce horas antes de la ceremonia de traspaso del mando y jura en el Congreso.

El fallo de Servini de Cubría generó una situación inédita ya que estableció que el mandato de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner finalizaba a la medianoche del 9 de diciembre, pero en ese momento ni el presidente Mauricio Macri, ni la vicepresidenta Gabriela Michetti estaban en condiciones legales de asumir el mando debido a que no habían cumplido con el requisito constitucional de jurar ante la asamblea legislativa. Ante esa situación el presidente provisional del Senado Federico Pinedo consideró que se había producido una situación de acefalía del Poder Ejecutivo, razón por la cual correspondía poner en marcha los mecanismos previstos en la ley de acefalía, que disponía que le correspondía ejercer el Poder Ejecutivo.

Simultáneamente el bloque de diputados del Frente para la Victoria declaró que el fallo judicial constituía un «avasallamiento a las instituciones» y que no asistiría al acto de asunción como presidente de Mauricio Macri. Pinedo asumió efectivamente el ejercicio al Poder Ejecutivo al cesar el mandato de Cristina Kirchner, aplicando al caso la ley de acefalía,119 y ejerció el Poder Ejecutivo entre las 0:00 de la mañana hasta el mediodía cuando Macri juró ante el Congreso.

En su juramento como presidente, el 10 de diciembre, Macri se apartó del juramento constitucional reemplazando la expresión «desempeñar con patriotismo» el cargo —que establece la Constitución en su art. — por la expresión «desempeñar con honestidad», circunstancia que generó críticas por parte de la oposición.

Gabinete presidencial
Macri incluyó en su gabinete a empresarios, gerentes y ejecutivos (con experiencia en compañías como Shell, Techint, HSBC, Telecom, LAN, Banco Galicia, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Deutsche Bank, grupo Clarín, Coca Cola, DirecTV, General Motors, etc ) además de figuras del PRO, la UCR y la CC-ARI por Cambiemos. Así, la cadena estadounidense CNN señaló que este gabinete de Macri destaca por el protagonismo de los empresarios y la procedencia de sus miembros, de universidades privadas argentinas y estadounidenses. Coincidiendo en el enfoque pero con un tono crítico, el diario Página/12 consideró que se trataba de «un gabinete con perfil empresarial».

Reuniones
El 11 de diciembre, en su segundo día como presidente, Macri se reunió con el resto de candidatos a presidente para conversar sobre sus propuestas y posiciones políticas; entre ellos líderes opositores como Scioli, Massa, Stobilzer y Rodríguez Saá. al día siguiente se reunió con los gobernadores de las veinticuatro provincias argentinas para tratar temas como la coparticipación, las obras públicas y el narcotráfico.

Política económica
Situación económica
A poco de asumir el ministro de Economía Alfonso Prat-Gay informó a la prensa que «la situación económica no es crítica, pero tenemos una herencia compleja». Mientras que Rogelio Frigerio el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Argentina declaró que «No vamos a devaluar porque ya se devaluó demasiado».

Eliminación de las retenciones
El 13 de diciembre, Macri oficializó la quita de retenciones que había anunciado previamente, eliminando los impuestos a las exportaciones al campo (solamente se mantendrá el de la soja, aunque un 5% menor). También anunció el final de las Declaraciónes Juradas Anticipadas de Importaciónes (DJAI) y los controles a las importaciones y exportaciones, así como la prórroga del programa Precios Cuidados y la caída definitiva del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Emergencia energética
En su sexto día (15/12) el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren declara la Emergencia Energética hasta diciembre de 2017. Justificó dicha medida en el aumento en la cantidad y extensión de los cortes de suministro eléctrico. El exministro de Planeamiento Julio de Vido cuestionó dicha decisión y afirmó que los volúmenes de servicio «estaban completamente garantizados al finalizar su gestión».

Emergencia estadística
El 30 de diciembre de 2015 el ministro de Economía Prat Gay anunció que había declarado la emergencia estadística, razón por la cual el gobierno «no publicará datos de la inflación hasta nuevo aviso» y que se estaba analizando la posibilidad de elaborar un índice alternativo. Prat Gay dijo respecto a las razones de la medida que «el Gobierno decretó la emergencia estadística, para recuperar la verdad» y «porque queremos que el Indec deje de mentir». Ante la falta de emisión de estadísticas oficiales el ministro estimó que la inflación en diciembre fue de 3,5%, atribuyéndole la responsabilidad al gobierno anterior. La gestión del INDEC durante los gobiernos kirchneristas había sido criticada por diferentes sectores y organizaciones nacionales e internacionales e inclusive por trabajadores del propio INDEC agrupados en ATE , como el Consejo Académico de Estudio y Seguimiento (CAES) del INDEC, el PRO, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Peronismo Renovador, el GEN, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Fondo Monetario Internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. En el caso de algunos de los partidos políticos se habló directamente de falsificación de estadísticas e incluso hubo denuncias penales al respecto pero que en ningún caso llegaron a juicio, mientras que en los organismos se habló de «impresiciones» y que debían realizarse correcciones.. Como consecuencia de esas críticas, el INDEC había empezado a trabajar con especialistas del Fondo Monetario Internacional para mejorar la calidad de sus estadísticas, aunque en el primer plazo se dijo que hubo «avances», no se corrigieron las «impresiciones» por lo que el organismo decidió postergar el plazo, estableciendo el 15 de julio de 2016 como fecha máxima para implementar las observaciones realizadas y lograr el suministro de datos «precisos». Las declaraciones de emergencia dispuestas por el gobierno de Macri en varias áreas, fue cuestionada por periodistas como Tomas Lukin y el diario Página/12 y dirigentes del Frente para la Victoria, sosteniendo que la misma permite incumplir los procedimientos constitucionales y legales establecidos e institucionalizar la corrupción.

Liberalización de los controles para compra de moneda extranjera
En el séptimo día (16/12) el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay anunció el fin de las limitaciones para la compra de moneda extranjera. Al día siguiente se produjo una fuerte devaluación del peso, que modificó su cotización de 9,84 a 13,95 unidades por dólar, lo representó una depreciación del 42%.Aunque durante los días siguientes se experimentó una apreciación del peso que llevó su cotización a 13,30 por unidad, volvió a subir a 14,70 a comienzos de febrero de 2016, con una tendencia al alza. Confirmando las advertencias que el ex-candidato Daniel Scioli había realizado en el debate presidencial, la decisión del gobierno produjo una devaluación de entre el 30% y el 40%, que Scioli calificó como parte de «un ajuste brutal».

Durante la campaña electoral Macri había manifestado que la «devaluación no es la solución» a los problemas económicos de la Argentina y reiteró que si gana las elecciones aspira a tener un «dólar único» en diciembre. «La solución es bajar la inflación, se devalúa la moneda producto del proceso inflacionario que tiene que este gobierno». La devaluación fue cuestionada por figuras del Frente para la Victoria como el ex-ministro de Economía y diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof, sosteniendo que se trataba de un «programa económico que de alguna manera se había preanunciado, absolutamente ortodoxo y en consonancia con lo que planteó siempre el Fondo Monetario Internacional (FMI)». El diario Ámbito Financiero sostuvo que Axel Kicillof es uno de los ministros de economía que más devaluaron en la historia argentina. Con un enfoque diferente el diario Pagina/12 sostuvo que «el equipo económico (dirigido por Axel Kicillof) ha impulsado una política del gasto público expansiva, además de comprobar que el ajuste cambiario de enero sólo ha tenido resultados negativos sin ninguna de las ventajas prometidas. El objetivo en su primer año de gestión ha sido evitar un mayor castigo a la demanda agregada, apuntalando el consumo y la inversión pública.»

Simultáneamente el ministro de Economía Alfonso Prat-Gay afirmó que a nivel internacional se recibieron positivamente las nuevas medidas económicas de la Argentina, en particular la liberación del mercado de cambios.

Deuda ante el juez Griesa
El diario Buenos Aires Herald dio a conocer que los fondos buitres Elliott Management y Aurelius Capital Management habían solicitado diversas medidas al juez Thomas P. Griesa con el fin de impedir que el gobierno argentino pudiera recibir fondos de diversos bancos internacionales para fortalecer sus reservas.

Política laboral
Reclamo sindical por inflación
La devaluación unificó a los sindicatos, que exigieron al gobierno un bono de fin de año para compensar la caída del salario real. Uno de los líderes sindicales Hugo Moyano, si bien reconoció que la devaluación es del gobierno saliente, advirtió que:

[El gobierno] toma decisiones muy fuertes, ha sido muy generoso con muchos sectores de la sociedad como el campo, al que le ha dejado sin efecto los impuestos, y espero que deje un poco de generosidad para los sectores laborales. El Gobierno saca decreto por todo, anula una cosa, anula otra; entonces que tome la decisión de pedirles a las empresas que paguen este bono que corresponde y que es mínimo.
Hugo Moyano: Ante los reclamos sindicales el Ministerio de Trabajo comunicó que «el bono no está agenda», mientras que el Ministro de Agricultura Ricardo Buryaile replicó:

El bono que le estamos dando es que vamos a subir el mínimo no imponible de Ganancias. Hay que esperar un poquitito y acompañar como durante doce años hizo más de uno y se quedó callado y no pidió que modificaran el Impuesto a las Ganancias.

Ricardo Buryaile: El 21 de diciembre el secretario general de la CGT Antonio Caló expresó críticas por el aumento de la inflación desde «la salida del cepo» y declaró que el movimiento obrero estaba esperando ser recibido por el presidente Macri:

Con la salida del cepo y los aumentos de precios, los trabajadores somos los que más lo sufrimos. Lo de la carne es una realidad y todos los rubros han aumentado un 30 o 40 por ciento. El bono tendría que ser de 5 mil pesos, pero nos sentaremos a conversar con el Gobierno y dialogaremos, no es una cifra cerrada. No estamos contra el Gobierno, pero queremos que se acuerde de la gente asalariada.

Antonio Caló: La Fundación Mediterránea, por su parte, presentó un informe en el que sostiene que la devaluación, la quita de retenciones a las exportaciones y el ajuste de tarifas afectarán los precios, haciendo que la inflación «se acelere en el corto plazo».

En respuesta al pedido de bonos por los sindicalistas la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, expuso lo siguiente:
«Desde que asumimos el 10 de diciembre, nuestra prioridad es conservar el empleo y garantizar sueldos y aguinaldos que no estaban garantizados. Hoy la provincia no está seriamente en condiciones afrontar un bono de fin de año»

María Eugenia Vidal
En su decimosegundo día como presidente (21/12) Macri anunció una ayuda extraordinaria de fin de año de $400, para las personas que cobran la AUH y la jubilación mínima. Macri explicó que el bono se debía al aumento de la inflación, que llamó «deslizamientos de precios». En la misma conferencia anunció que no daría el bono de fin de año en el Estado Nacional, que reclaman los sindicatos debido al aumento de precios, y que «lo que haga el sector privado dependerá de cada empresa y cada condición».

Represión a trabajadores de Cresta Roja
El día 22 de diciembre, la Gendarmería Nacional reprimió una manifestación de trabajadores de la empresa avícola Rasic Hermanos, productora de los pollos Cresta Roja. Los diarios Clarín y Nación publicaron que la empresa había quebrado por desmanejos del gobierno kirchnerista. Por su parte el sitio La Política Online informó que en julio de 2015 el gobierno nacional había acordado el cierre de la empresa, la reubicación de sus empleados y la recompra de una de las fábricas; dicha solución fue dejada sin efecto por el gobernador Scioli, al cerrar un acuerdo con los dueños de la empresa, concediéndole beneficios y subsidios para que la empresa siguiera en funcionamiento.

Según el diario Clarín la empresa comenzó a tener problemas en 2011 por atrasos en los cobros de las exportaciones a Venezuela y por las regulaciones en los precios domésticos que imponía el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. La publicación IP Profesional da una explicación más compleja para la crisis de Cresta Roja, ubicando su inicio en 2012 y relacionándola con la quita de subsidios, el recorte de la demanda externa, el «dólar alto» y la suba de costos salariales La empresa ingresó en concurso en julio de 2014, tramitando deudas por casi 1.500 millones de pesos, provocando una fuerte reducción de la dotación de personal, que dejaría sin trabajo a cerca de 1.000 personas (el 30% de los trabajadores). Desde septiembre quedó a cargo de la compañía un interventor avalado por la Justicia, el dirigente kirchnerista de Quilmes Daniel Gurzi, quien contó con un fallido salvataje económico del Estado provincial.

Al asumir la gobernación de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal interrumpió los fondos que la provincia le enviaba a la empresa. El 17 de noviembre de 2015 los trabajadores de la empresa habían realizado un corte de la Avenida Richieri reclamando la intervención de la gobernadora electa María Eugenia Vidal, a pesar de que hasta el 10 de diciembre ella no asumía en el cargo, la provincia estaba aún en manos de Daniel Scioli y en ese momento se estaba realizando el traspaso.

El 18 de diciembre la gobernadora electa María Eugenia Vidal dio públicamente un ultimátum a los dueños de Cresta Roja. Ese mismo día y sin esperar el tiempo otorgado por la jueza de 48hs, los trabajadores reanudaron el corte a la Autopista Ricchieri, acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, provocando un caos en el tránsito que perjudicó a miles de pasajeros que debieron ir a Ezeiza a pie. Poco después el gobierno nacional envió fuerzas de seguridad que, tras ordenar a los manifestantes abandonar el corte en un plazo de cinco minutos, procedieron a reprimir a los trabajadores mediante el uso de macanas y camiones hidrantes. Posteriormente, poco después del mediodía, se produjo un altercado durante el cual las fuerzas policiales fueron atacadas con palos, piedras y cadenas, ocasión en que fueron los trabajadores fueron nuevamente reprimidos, con macanas y balas de goma. En total hubo entre diez y doce trabajadores heridos, de acuerdo al testimonio de los manifestantes. Seguidamente el delegado de los trabajadores manifestantes, Cristian Villalba, aclaró que hubo infiltrados políticos que iniciaron los episodios de violencia que desencadenaron la intervención de las fuerzas de seguridad.

Despidos
De acuerdo a un informe de la consultora Tendencias Económicas y a otro de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), en los meses de enero y febrero de 2016 se produjeron 107 000 despidos, lo que aumentó la tasa de desempleo más del 0.5%.197 El Observatorio de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) estimó a principios de marzo que desde el 1 de diciembre se había producido 68 563 despidos colectivos «y amenazas de despidos». Según el ministro de Hacienda, los despidos del sector privado eran parte de la herencia dejada por el gobierno anterior.

De ese total, 54 000 despidos tuvieron lugar en el sector de la construcción, debiéndose principalmente a los atrasos en los pagos de certificados en la obra pública, aunque según algunas fuentes los atrasos habían comenzado antes de la asunción de Macri. De acuerdo al gobernador de la provincia de Santa Fe, las razones de los despidos en la industria —sector en el que los despidos fueron importantes— fueron la caída de la demanda, la incertidumbre sobre el rumbo de la economía, el aumento de las tarifas energéticas y el de las importaciones.

Otra área donde se produjeron despidos fueron los medios de comunicación afines al gobierno kirchnerista —como aquellos propiedad de Lázaro Báez, Cristóbal López o Sergio Szpolski— que recibían pauta publicitaria estatal, la cual fue modificada por el nuevo gobierno. Al disminuir los ingresos por ese concepto, redujeron gastos, incluyendo los gastos en personal.

Del total de despidos, unos 30 000 fueron de la administración pública nacional, provincial y municipal.. El Ministro de Modernización afirmó a fines de febrero que se estaban revisando «24, 25 mil contratos» para realizar más despidos. En el mes de abril, el mismo ministro reconoció 10 921 trabajadores del Estado nacional fueron en los últimos tres meses, de los que afirmó que habrían sido empleados que no trabajaban, o que habrían pasado pocas horas en las dependencias respectivas. Un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), difundido en diciembre de 2015, afirmó que existían en la Argentina entre un 5 y un 7% de empleados fantasmas, a los que llamaba genéricamente «ñoquis».

Los despidos fueron numerosos en áreas tales como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), del Espacio Memoria y Derechos Humanos y otras áreas del Ministerio de Justicia,208 en dependencias de control de la Secretaría de Comercio209 y de la Unidad de Investigación Financiera, lo que ha sido denunciado como un intento de desmantelar programas de control de delitos económicos210 y —según Estela de Carlotto— de defensa de los derechos humanos.

La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) —que a principios de marzo estimó los despidos entre el sector público y el privado en casi 70 mil despidos— realizó una huelga y jornada de protesta el 24 de febrero, en rechazo de los «despidos de trabajadores, el ajuste, la criminalización de la protesta social» y en reclamo de la realización de «paritarias libres», reuniendo 50 000 manifestantes en Plaza de Mayo.

En su discurso de inauguración del período legislativo de 2016, el presidente Macri sostuvo que durante el gobierno anterior «aumentó el empleo público pero sin mejorar los servicios que presta el Estado» y que «se camufló el desempleo con empleo público». A fines de marzo, en una entrevista, afirmó que durante los «últimos 12 o 13 años» se habrían generado «un millón y medio de empleados públicos más».

Los despidos en la administración pública nacional continuaron en los últimos días de febrero y principios de marzo, incluyendo el presunto desmantelamiento de programas de estado tales como Conectar Igualdad, cuyos empleados habrían sido despedidos en su totalidad —aunque el gobierno desmintió que la intención fuera desmantelar el proyecto— , cientos de empleados en la construcción de la central nuclear Atucha III, y de la Biblioteca Nacional, entre otras áreas.

De acuerdo con un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 se habrían producido en el país un total de 141 542 despidos, de los cuales 80 446 despidos en el sector privado —71,9 % en el sector construcción, 23,4 % en la industria y 4,7 por ciento% en el sector servicios— y 61 096 en el sector público. Dentro de este último, el gobierno nacional sería responsable del 47,8 %, incluyendo un 8,5 % correspondiente a entes descentralizados.222 La Unión de Aseguradores de Riesgos del Trabajo (ART) afirma que han disminuido casi 90 000 trabajadores asegurados, pasando de 9 869 790 empleados formales en diciembre del año anterior a 9 780 163 en marzo de 2016. El 16 de mayo, el CEPA informó que se habían producido 154 786 hasta el 30 de abril.

Aumento de la planta política
En paralelo de los despidos de empleados estatales, diversas fuentes indican que el gobierno macrista generó un crecimiento «sin precedentes desde el retorno de la democracia», de funcionarios políticos con rangos de ministros, secretarios y subsecretarios. De acuerdo al Boletín Oficial, las secretarías de Estado pasaron de 71 el 10 de diciembre de 2015 a 88 al 31 de marzo. Se ha calculado que el crecimiento es de alrededor del 23% en designaciones políticas permiten proyectar la generación de, por lo menos, 80 nuevas direcciones nacionales y 240 nuevos cargos de directores simples y coordinadores.

Política judicial
Conflicto con la Procuración General
En su segundo día de gobierno organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel cuestionaron las presiones del presidente Macri contra la procuradora general del Ministerio Público (organismo externo al Poder Ejecutivo) Alejandra Gils Carbó con el fin de provocar su renuncia, expresando su solidaridad con la funcionaria. La vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, había confirmado que el cargo de procurador general es vitalicio y por lo tanto «la única manera de dejarlo es a través de un juicio político».

Apoyamos la permanencia de la procuradora porque no sólo está haciendo un muy buen trabajo sino que además es inconstitucional pretender removerla. Para eso sería necesario un juicio político y no hay ninguna razón para hacerlo.
Adolfo Pérez Esquivel.
Desde Cambiemos sostuvieron que la procuradora general Gils Carbó no puede desempeñar correctamente sus funciones objetivamente por ser abiertamente «militante».

El 25 de diciembre el ministro de Justicia Germán Garavano volvió a presionar al Ministerio Público declarando que «con la procuradora tenemos diferencias, las hemos expresado y nosotros pensamos que lo mejor es que la procuradora dé un paso al costado.»

Designación de miembros de la Corte Suprema
En su quinto día (14/12) Macri nombró por decreto en comisión a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. La decisión provocó que el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti declarara a la prensa que «los dos son bienvenidos».

La decisión fue criticada por políticos de varios partidos como Miguel Ángel Pichetto, Julio Cobos, Margarita Stolbizer, José Manuel de la Sota, periodistas Joaquín Morales Solá, Mario Wainfeld, juristas Eugenio Zaffaroni, Daniel Sabsay, León Arslanián, Andrés Gil Domínguez,y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre otras personalidades, utilizando duros términos para cuestionar la decisión de Macri por considerarla inconstitucional, antirepublicana, dañina para las instituciones y autoritaria, demandando la anulación de la misma. Sergio Massa declaró que los jueces son impecables, pero la forma le pareció «horrible».

La prensa informó también que el estudio jurídico de Rosenkrantz tenía entre sus principales clientes al Grupo Clarin. El bloque de Senadores del Frente para la Victoria anunció también que si los jueces nombrados juran en comisión, de acuerdo al decreto sancionado pro Macri, ese sólo hecho sería causa suficiente para no dar su voto de aprobación a los pliegos cuando debieran tratarlos cumpliendo la Constitución.

Con respecto al frente oficialista Cambiemos, la mayoría de sus figuras se pronunciaron a favor y un sector se pronunció en contra. Entre las figuras que expresaron su apoyo a la designación por decreto de los jueces de la Corte se encontraban la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, la legisladora porteña Graciela Ocaña y Elisa Carrió.250 Uno de los autores intelectuales del decreto Fabián Rodríguez Simón perteneciente al PRO, sostuvo a su vez que «quizás hubiera merecido ser más prolijo, la forma de haber llegado, quizás fue un apresuramiento, pero las políticas no son judiciables”. La UCR estuvo dividida: su presidente José Manuel Corral, Ernesto Sanz y otros estuvieron a favor de la misma, mientras se opusieron el senador Julio Cobos, el diputado nacional Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra.

En el criterio de quienes defendieron la medida, se trataría de un atributo de gobernabilidad que tendría el presidente, que estaría avalado constitucionalmente, subrayándose que la decisión del presidente no interfiere en el proceso de designación y posterior aprobación de los candidatos para la Corte Suprema. Además la misma comienza en marzo, cuando reabre el Congreso, el cual podrá rechazar a estos magistrados y proponer otros, agregando que el decreto 222 prevé la participación ciudadana en el proceso de selección. Dicho atributo fue utilizado por Raúl Alfonsín, en la designación de jueces de la Cámara Federal, aunque nunca se utilizó —excepto por dictaduras— para nombrar jueces de la Corte Suprema. En el criterio de quienes cuestionaron se destaca la opinión del jurista Gil Lavedra sosteniendo que la decisión sentó «un precedente muy siniestro, muy malo, porque cualquier presidente podría nombrar jueces durante el receso de verano».

Tras los cuestionamientos contra el decreto y una reunión con el presidente de la Suprema Corte Ricardo Lorenzetti, ambos decidieron que los nuevos jueces asumirían en febrero, después de la feria judicial de verano.

Por su parte, la ex candidata por el Frente Progresista Margarita Stolbizer y el ex candidato por los Unidos por una Nueva Aternativa Sergio Massa, realizaron una declaración conjunta solicitándole al presidente Macri que revea su decisión de nombrar a los miembros de la Corte por decreto.

El día 21 de diciembre, el juez Ramos Padilla dictó una medida cautelar contra el nombramiento, invalidando las designaciones, ya que «a través de estas designaciones se han lesionado derechos y garantías constitucionales, la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica, y adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la nación estarían viciadas de nulidad absoluta».

Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, afirmó, refiriéndose a los gobiernos anteriores, peronistas:

Conozco muy bien a los dos jueces que van a venir, es gente de prestigio, son muy serios, pero la decisión la toma el Senado. Se han nominado dos jueces para cubrir vacantes, es normal, no significa que haya un cambio pendular. Antes con los cambios de Gobierno se suprimía toda la Corte, se cambiaba toda la jurisprudencia. Esta es la primera vez en la historia que la Corte continúa.
Análisis de la oposición sobre posible pedido de Juicio político
El decreto de Macri designando a los miembros de la Corte también provocó que se comenzara a analizar si tanto el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti como el presidente Macri, no habrían incurrido en conductas prohibidas pasibles de ser sometidas a juicio político, por mal desempeño y posible comisión de delitos.

En el caso de Lorenzetti, en sólo dos días se registraron más de doscientas denuncias con pedidos de juicio político, por haber avalado el decreto. Los denunciantes señalan tres conductas que delatarían a Lorenzetti: la primera cuando declaró a la prensa que los dos jueces “son bienvenidos” y que eran “dos personas intachables”; la segunda al reunirse con el titular del Poder Ejecutivo para acordar la aplicación del decreto; la tercera cuando publicó un comunicado informando que había «acordado» con Macri postergar la aplicación del decreto.

Por su parte el bloque de Diputados del Frente para la Victoria comenzó a analizar si Macri pudo haber incurrido en una conducta pasible de juicio político al dictar el decreto y nombrar a los jueces.

Comunicaciones y medios
Macri designó ministro de Comunicaciones al dirigente radical cordobés Oscar Aguad. Dos días después de asumir su cargo Aguad declaró públicamente que el gobierno estaba contra la Ley de Medios y a favor de la libertad de expresión y de la libre competencia de los medios de comunicación en el mercado. Ante la pregunta de un periodista sobre cuál sería la política del gobierno frente a la Ley de Medios, Aguad contestó que se seguiría una filosofía opuesta a la del kirchnerismo, garantizando la libertad de expresión y dejando que los medios compitan entre sí en el mercado de la manera tradicional. Ese mismo día el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) Martín Sabbatella le respondió al ministro Aguad mediante un comunicado en el cual lo acusaba de intentar beneficiar al grupo Clarín.

A los pocos meses de asumir, el gobierno de Macri anunció que reduciría por lo menos a la mitad el presupuesto destinado a publicidad oficial; postura que fue compartida por los gobiernos de la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Dicho presupuesto era utilizado por el kirchnerismo para financiar a medios con posturas políticas favorables, y que no generaron audiencias importantes. El anuncio del retiro de la pauta oficial generó una gran crisis en dichos medios, que dejarían de ser financieramente sustentables.

En diciembre de 2015 el periodista Federico Poore del Buenos Aires Herald entrevistó al relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) Edison Lanza, quien afirmó que la organización está examinando si la ley de medios se aplicaba con un rigor excesivo contra Clarín en detrimento de otras decisiones, pero consideró que sí existe un alto nivel de concentración de los medios de información, problema que no pude ser corregido por el mercado, que tal concentración «lastima a la democracia», y que «las democracias fuertes ponen límites a la concentración de medios».

Intervención de la AFSCA
El 23 de diciembre Macri dispuso intervenir por decreto de necesidad y urgencia 270 la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Los organismos estaban conducidos según lo ordena la Ley de Medios, por directorios cuyo mandato finalizaba en 2017, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Parlamento y de las Universidades, que fueron depuestos de sus cargos. En su lugar Macri designó a un militante del PRO Agustín Garzón.

El Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad dio a conocer la medida mediante una conferencia de prensa y justificó la medida diciendo que las autoridades de la AFSCA habían cometido un acto de «rebelión», que el presidente Martín Sabbatella era un «militante político» y que «La razón de la intervención es que ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios».

Sabatella por su parte, con mandato en su cargo hasta 2017, afirmó que el «gobierno fue elegido democráticamente pero tiene actitudes de un gobierno de facto» y presentó ante la justicia un recurso de amparo y un habeas corpus.

Pocas horas después de la intervención se reunió en la puerta de la AFSCA una manifestación para expresar su oposición a la medida, a la que concurrieron no militantes y también militantes y dirigentes sindicales, de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y de artistas entre otras organizaciones. Seguidamente el gobierno denunció penalmente a Martín Sabbatella por «incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder».

A favor de la intervención se pronunció el dirigente peronista y exinterventor del COMFER Julio Bárbaro, quien sostuvo que «una sociedad democrática no puede tener a Sabbatella al frente de AFSCA porque es un personaje que no representa a ninguna mayoría. Si lo dejamos no tenemos sociedad». También apoyó la medida el intendente de San Miguel Joaquín de la Torre perteneciente a Unidos por una Nueva Alternativa, sostuvo que la intervención era «completamente legítima», y que «la unificación de los organismos es algo que se da en el mundo desarrollado. Los medios y las telecomunicaciones son dos caras de una misma moneda», «la AFSCA como la AFTIC funcionaban más que respetar, para la violación de la ley. Allí era todo arbitrariedad» y «eran organismos de persecución de quienes pensaban de modo distinto».

En contra de la intervención se pronunció el Sindicato de Televisión (SATSAID) sosteniendo que «implica la violación flagrante de dicha ley (de Medios) votada por el parlamento y consensuada con todas las organizaciones representativas de la comunicación audiovisual». La intervención también fue rechazada por la Asociación Argentina de Actores, considerando que «un grave avasallamiento a la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y a las normas democráticas». La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudió la intervención diciendo que «pone en vilo la calidad institucional de nuestro país» y exhortó a Macri a derogar el decreto. También repudiaron la decisión la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y los sindicatos de prensa de Río Negro, Buenos Aires, y Rosario (FETRACCOM-CTA). El Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis repudió la intervención y cuestionó al ministro Aguad atribuyéndole vínculos con la dictadura. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires sostuvo que «este nuevo avasallamiento a la voluntad popular se suma al intento de imponer dos miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto y a la represión violenta a los trabajadores de la empresa Cresta Roja, e indica una muy preocupante tendencia autoritaria de la actual gestión nacional».

En la Organización de Estados Americanos (OEA) el relator especial para la Libertad de Expresión Edison Lanza, se mostró crítico de la decisión tomada por el gobierno argentino, afirmó que el organismo está «observando de cerca la situación» y observó que :

Tomar semejante decisión sin utilizar el claro mecanismo establecido por la ley para remover un miembro del directorio de la AFSCA es claramente un camino no ortodoxo. El resultado es que esa decisión ha sido apelada legalmente. Los estándares internacionales en la materia dicen que lo ideal sería tener departamentos que fueran autónomos tanto del Poder Ejecutivo como de los poderes económicos, de modo de estar en condiciones de regular los sistemas mediáticos de acuerdo a los principios legales. Algo en lo que todos los observadores sobre libertad de expresión (Naciones Unidas, OEA) están de acuerdo es que la estructura de la AFSCA era uno de los aspectos positivos de la ley. Por primera vez la oficina tenía representantes de la oposición, de la sociedad civil…
Edison Lanza, OEA: El 24 de diciembre el juez Julián Ercolini ordenó desalojar el AFSCA , luego de la decisión del fiscal Carlos Stornelli de imputar a su titular Martín Sabbatella. Sabbatella cuestionó la decisión judicial, sosteniendo que la misma implicaba suspender la Ley de Medios y que la intervención era una actitud de «gobierno de facto» que debía ser urgentemente resuelta por el Poder Judicial.

Causa AMIA: El 12 de diciembre se crea una Secretaría de Estado para el seguimiento de las causas AMIA y Nisman con el exsenador de Chubut, Mario Cimadevilla, a la cabeza.

Pueblos originarios
El 16 de diciembre Macri se reunió nuevamente con miembros de la comunidad qom y de otras 30 etnias de los pueblos originarios. La reunión se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno y la delegación fue encabezada por el líder de la comunidad qom, Félix Díaz.
«Cuando visité el acampe qom les prometí recibirlos si era Presidente y hoy pudimos cumplir con alegría ese compromiso. Vamos a trabajar juntos para atender las necesidades de los pueblos originarios y lograr el objetivo de pobreza cero. Para este gobierno, el reconocimiento de las comunidades indígenas y las políticas hacia los pueblos originarios son políticas de Estado».
Mauricio Macri.
El primer encuentro entre Macri y Félix Díaz se había concretado cuarenta y tres días antes, cuando el por entonces candidato a presidente visitó al líder qom en el acampe de esa comunidad en la avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires que el primero gobernaba. El diario La Nación informó en esa ocasión que Macri había tenido ese encuentro con Díaz «para diferenciarse de Cristina Kirchner, que siempre se negó a recibir al líder de esa comunidad indígena», quien mantenía un viejo reclamo público con el gobierno de la Provincia de Formosa y la expresidenta, por la devolución a la comunidad qom de las tierras que les pertenecían antes de la Conquista del Chaco y el reconocimiento de la «nacionalidad indígena».

Donación de la Señora Tomkins
El 22 de diciembre, en una reunión entre Macri y la señora Kris Tomkins (viuda de Douglas Tomkins, uno de los magnates ecologistas millonarios dueños de extensos parques de conservación en la Patagonia) acordaron la donación al estado de 150 mil hectáreas para la construcción de un parque nacional en el Iberá.

Seguridad
Oposición a fallo de la Corte mendocina
El 25 de diciembre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se opuso al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, estableciendo que cuando se detiene a un ciudadano, los fiscales deben informar dicha detención a un juez de garantías dentro de las 24 horas y en el mismo plazo, el juez debe resolver sobre la detención.

Aumento del valor de las acciones de Nicolás Caputo
En diciembre de 2015 la prensa dio a conocer que el valor de las acciones de la empresa Caputo Construcciones acumuló una ganancia de 481,6% desde el 22 de octubre de 2015, «cuando el macrismo se quedó con la Nación y la provincia de Buenos Aires, además de la Ciudad». La empresa es propiedad de Nicolás Caputo, vicepresidente del PRO, exsocio, íntimo amigo desde la infancia de Macri y deudor de un préstamo a su favor por parte del presidente de 18,5 millones de pesos, equivalente al 35% del patrimonio total de Macri. «La expectativa de que la compañía de Nicolás Caputo acceda a nuevos contratos no sólo ya en la Ciudad, sino extendida a la posibilidad de participar en obras en territorio bonaerense y nacional fueron el principal puntal para colocar a este papel como esta alza récord».

Controversias, polémicas y causas judiciales
Antes de las elecciones presidenciales de 2015, se habían presentado diversas denuncias contra Mauricio Macri. Según el portal informativo El Destape hay una serie de 214 denuncias en su contra, muchas de ellas todavía sin resolver.

Fue acusado, junto a su padre Franco Macri, por contrabando de autopartes y la Corte Suprema de Justicia los absolvió. Fue denunciado penalmente ante la Justicia por violar la ley de Ética Pública, al convocar a empresarios a una cena de recaudación para financiar su campaña presidencial.

Fue imputado en una causa por espionaje telefónico en la Capital Federal. Ya como presidente Macri fue sobreseído en primera instancia por falta de pruebas, decisión que fue apelada .

Fue denunciado por discriminación cuando sostuvo que una de las causas de la toma del Parque Indoamericano, donde murieron tres personas, entre ellas dos bolivianos, se debió a «esta inmigración descontrolada y el gobierno ausente».

La legisladora kirchnerista María José Lubertino lo denunció por incumplimiento de deberes como funcionario público afirmando que en una cena de carácter público que iba a concretarse el primer aborto no punible, que finalmente no se realizó. y por recibir financiamiento de una supuesta red de prostíbulos ilegales durante su campaña por la reelección en 2011.

A comienzos del 2014 un grupo de vecinos que fue autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para recolectar firmas para revocar los mandatos de Macri y la vicejefa, María Eugenia Vidal, por supuestas anomalías en la gestión no obtuvo la adhesión del 20% de los electores porteños requeridos en el plazo legal de un año.

Macri figura entre los políticos implicados en la investigación internacional sobre corrupción a través de paraísos fiscales denominada “Panama Papers”, publicada el 3 de abril de 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Según la investigación, integró junto a su padre Franco y su hermano Mariano el directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, registrada en las Bahamas entre 1998 y 2009. Al ser electo jefe de Gobierno porteño en 2007, el ahora presidente no incluyó en sus declaraciones juradas su conexión con la firma. El portavoz oficial de Macri, Iván Pavlovsky, dijo que el presidente argentino no declaró su participación en esa empresa offshore como un activo porque no tenía ninguna participación de capital en ella. El periodista Joaquín Morales Solá consideró improbable que el caso llegara a judicializarse, ya que Mauricio Macri figura personalmente en el directorio de la empresa (y no utilizando un testaferro), Franco Macri declaró la cuenta ante la AFIP, el movimiento de dinero fue insignificante, y fue cerrada un año después de que Mauricio Macri fuera electo jefe de gobierno. El 7 de abril, a pocos días de conocerse el escándalo, Mauricio Macri fue formalmente imputado por el fiscal Federico Delgado.

Al declarar ante el juez Sebastian Casanello que investiga el caso, el periodista Hugo Alconada Mon, que en Argentina participó de la investigación, dijo que no surgía la existencia de cuentas bancarias a nombre de Fleg Trading, ni negocios con Brasil; respecto de la sociedad off-shore creada en Panamá en la década del 80, denominada Kagemusha, dijo que no surgía de su investigación que Macri hubiera tenido participación; finalmente, aportó el dato sobre la existencia de otra sociedad denominada “Macri Group” pero aseguró que “no surge ningún vínculo con el presidente ni ningún otro Macri ni persona vinculada”. Por su parte, la abogada experta en sociedades, Silvana Martínez, colaboradora de Margarita Stolbizer y exfuncionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ), atestiguó ante el juez que “la IGJ no inscribe desde el año 2003 sociedades off-shore” y que solo deben inscribirse en Argentina si van a desarrollar negocios en el país. Agregó que los accionistas “deberían declararlas en la AFIP en la medida que reciban dividendos” y, en el caso de los directores, función en la que aparecía Macri, solo deberían ser declaradas en el caso que “reciban remuneraciones por los servicios prestados”.

Notas
El poder judicial estableció que el mandato de Mauricio Macri debía comenzar a las 0:00 horas del 10 de diciembre de 2015. Debido a que en ese momento, todavía el entonces, presidente electo, no estaba en condiciones constitucionales de asumir el mando, el poder ejecutivo quedó acéfalo y debió ejercerlo el senador Federico Pinedo hasta la jura del presidente Macri. Según el mismo fallo su mandato debería finalizar a la medianoche del 9 de diciembre de 2019.

Compilado por: Ana Gonzalez 24/05/2016 12:00am
Fuente: Wikipedia